La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia asesora a las personas que tienen dudas sobre su identidad y sus orígenes y creen ser hijos o hijas biológicos/as de personas desaparecidas entre los años 1976 y 1983 para el inicio de tramites en CONADI.
La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia asesora a la comunidad sobre los servicios que brinda Nación en relación al cumplimiento de la reparación indemnizatoria a víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado para la protección integral de sus derechos ante crímenes de lesa humanidad.
Organismos públicos y privados pueden solicitar capacitaciones sobre temas de competencia de la Subsecretaría, como género, perspectiva de género, nuevas masculinidades, violencia por razones de género, diversidad sexual, etc.
Las personas que hayan participado de alguna capacitación (jornada, curso, propuesta, taller, etc.) y que cumplan con los requisitos, pueden solicitar la entrega de un certificado que atestigüe la realización de la actividad.
Es la posibilidad que se brinda cuando el convocado a una audiencia de mediación tiene domicilio a más de 150 km de domicilio del solicitante y también cuando una de las partes, ya sea solicitante o convocado, se encuentra privado de su libertad.
Los mediadores que quieran habilitar un Centro Privado de Mediación deberán solicitar la inscripción en el Registro de Centros Privados de Mediación en la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje.
Consiste en el asesoramiento y orientación jurídica de toda consulta del público en general, las que podrán estar relacionadas con distintas ramas del derecho. El servicio se brinda en forma personal y gratuita. Está destinado a toda persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad al desconocer los medios y vías que son idóneas para hacer efectivo sus derechos.
El programa tiene como objetivo brindar orientación, asistencia y patrocinio jurídico a víctimas y familiares de víctimas de delitos graves, por un equipo interdisciplinario integrado por abogados y psicólogos, tanto durante el transcurso del proceso judicial, como con anterioridad o con posterioridad del mismo, coordinando la asistencia necesaria a través de diferentes organismos públicos.